Una ecuación con demasiadas incógnitas

 Hace tan solo tres semanas una sentencia de un juzgado de Barcelona desestimaba la demanda que la Sociedad General de Autores y Editores (SGAE) había presentado contra un particular al que acusaba de difundir a través de su página web, de manera ilícita, enlaces a sitios de intercambio de archivos P2P. En su argumentación, el juez consideraba que la actuación del acusado no suponía ni distribución, ni reproducción ni comunicación pública de las obras a las que ayudaba a enlazar. De hecho, apuntaba a que ese sistema de enlaces es, en sentido amplio, la base misma de Internet, y lo que infinidad de páginas y buscadores permiten técnicamente.

Pero no solamente legitimaba esa página web que apuntaba a los sistemas P2P. También estas redes quedaban al amparo de la sentencia, que las definía como “meras redes de transmisión de datos entre particulares usuarios de Internet que no vulneran derecho alguno protegido por la Ley de Propiedad Intelectual”, siempre que no exista un ánimo de lucro.

Esta noticia entronca con otra hecha pública estos días y que habla sobre los resultados obtenidos por la industria del videojuego en nuestro país durante el año 2009. Unos resultados que retrocedieron un 16 por ciento con respecto al ejercicio anterior y que alcanzaron los 1.200 millones de euros de recaudación. El bajón en la facturación es achacable, según la Asociación Española de Distribución y Editores de Software de Entretenimiento, a la situación de crisis pero, sobre todo, a las descargas ilegales -o alegales- a través de la Red y a la piratería.

Pese a esa signifcativa reducción, España continúa siendo la cuarta potencia europea en el sector del entretenimiento interactivo. La industria, además, acapara el 53% de la cuota total del mercado del ocio. Ni cine ni música consiguen acercarse a las cifras que mueven las consolas y los videojuegos.

Ambas informaciones se sitúan en una misma ecuación de la que, de momento, somos incapaces de desentrañar sus incógnitas. El derecho de los internautas a intercambiar por la Red archivos sin renunciar a elementales derechos de privacidad frente a la obligación de las industrias culturales de proteger sus tambaleantes negocios y el sustento de miles de trabajadores. La solución, de momento, no parece cercana.