La nueva reforma de la Ley de Propiedad Intelectual y los agregadores de contenidos, posturas enfrentadas

El Pleno del Congreso ha aprobado hoy, 30 de octubre de 2014, una nueva reforma de la Ley de Propiedad Intelectual (LPI). En el camino, la Cámara Alta ya había rechazado 6 propuestas de veto y más de 200 enmiendas de la oposición. Los senadores dieron su visto bueno a la reforma, el 15 de octubre, con los 132 votos a favor del Partido Popular, 90 votos en contra de la oposición y 3 abstenciones. Finalmente, el Congreso ha aprobado la reforma de la LPI con 172 votos a favor, 144 en contra y 3 abstenciones.

Con la entrada en vigor de esta ley, el próximo 1 de enero de 2015, se endurecerán las sanciones contra quienes realicen intercambios de material protegido en Internet. Las multas máximas se han duplicado de 300.000 euros a 600.000, y las mínimas han pasado de 30.000 a 150.001 euros. Estas sanciones pretenden ser un “elemento disuasorio” contra quienes vulneran la propiedad Intelectual.

En la reforma de la LPI se encuentra recogida la llamada “Tasa Google” o “Canon AEDE”, por la que los agregadores de contenidos como Google News, Yahoo News o Menéamedeberán pagar a los editores para poder enlazarlas desde sus sitios web. El Senado ha dado luz verde a esta propuesta, que cuenta con el favor de la Asociación de Editores de Diarios Españoles (AEDE).

Por un lado, existen posiciones a favor de la “Tasa Google”, ya que según los miembros de la AEDE el popular buscador ejerce una “amenazante posición” de dominio en el mercado de Internet y “se aprovecha del esfuerzo ajeno”.

Por otro lado, la Plataforma de los Derechos de Autor de los Periodistas pidió al Partido Popular que rectificara y aceptara las enmiendas de la oposición, para incluir en la reforma de la LPI a los periodistas y a los fotoreporteros, y así poder recibir una remuneración por la utilización de sus creaciones en los agregadores.

En la misma línea, la Coalición Pro Internet, que preside el periodista Arsenio Escolar ha pedido un estudio a Analistas Financieros Internacionales (AFI) para conocer qué impacto tendría la implantación de la “Tasa Google”. Según los resultados de AFI tendría una reputación negativa de 1.133 millones de euros en los casi 17 millones de internautas españoles. Debido al tiempo que deberían emplear los usuarios para encontrar la información deseada sin los agregadores de contenidos.

Dentro del mundo empresarial también hay quien se postura a favor del derecho a decidir sobre la llamada “Tasa Google”, la Confederación Española de Organizaciones Empresariales (CEOE) defiende que sean los propietarios quienes decidan sobre quién, dónde y cuándo se usan sus contenidos.

Como puede deducirse, la cuestión de la ley de Propiedad Intelectual, afecta sobre todo a medidas económicas y, más aún, a medidas de negocio que nacieron antes de la llegada de Internet a los ciudadanos.